Roberto Delgado, presidente de la Cámara de Mandatarios y Gestores de Misiones, advirtió sobre la falta de legalidad y los riesgos de seguridad que implican los recientes cambios anunciados por el Gobierno nacional en el sistema registral automotor. Destacó que la eliminación de ciertos documentos podría favorecer actividades delictivas y encarecer el costo de la logística para los usuarios.
En una reciente entrevista, Roberto Delgado, presidente de la Cámara de Mandatarios de Misiones, expresó su preocupación sobre los cambios anunciados en el sistema registral automotor, destacando la falta de una base legal sólida para dichas modificaciones. “En primer lugar, me gustaría aclarar que por momento solamente es un comunicado que salió el viernes resultado de una reunión entre el Ministerio de Justicia y Derecho Humano de la Nación y los encargados de AERPA”, señaló Delgado.
A pesar de que la medida fue anunciada, Delgado subrayó la falta de formalización: “Es un documento que carece de veracidad todavía para nuestra actividad porque no tiene firma, no está en vigencia. Es solamente un comunicado; para hacer esas modificaciones tiene que pasar por una ley”.
Asimismo, el presidente de la Cámara aludió a la problemática de la seguridad jurídica del titular de un vehículo. “Lo que me preocupa es la seguridad jurídica del titular de un bien”, explicó, aludiendo a los riesgos que podrían derivarse de la eliminación de documentos como la cédula azul o el vencimiento de la cédula verde. Según Delgado, estas medidas podrían facilitar que delincuentes circulen sin restricciones, lo que consideró un retroceso de varias décadas en términos de control y seguridad vehicular.
“Mucho más en el caso de Misiones que es un lugar de frontera donde hay mucho delito en cuanto a la compra y venta de vehículos”, advirtió.
Delgado también cuestionó la eficacia de una digitalización rápida y sencilla en el contexto actual: “Hoy en día, donde estamos en una era digital, la Dirección Nacional a los mandatarios nos prepara constantemente con cursos de capacitación y de modernización, pero al usuario común no. Hay personas que no se manejan con la conectividad”.
De allí que, si bien reconoció los beneficios de esta medida, en parte, consideró que la simplificación podría ser contraproducente, debido a que facilitaría actividades ilícitas como el lavado de dinero.
Finalmente, Delgado mostró su escepticismo ante los anuncios de cierre del 40% de los registros intervenidos, lo que podría incrementar los costos y complicaciones para los usuarios afectados. “Si hablamos de abaratar costos para el usuario, en este caso vamos a aumentarlos, porque aquella persona que se iba a Santa Ana a hacer su trámite del automotor se va a tener que trasladar ahora a Posadas o a Puerto Rico”, apuntó.
