“Vemos que es preferible sacar los granos por contrabando, que pagar los gastos del Estado”, dice, sin ruborizarse el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. La sentencia va en línea con la permisividad con la que se mueven los camiones cargados de soja por la provincia de Corrientes. Literalmente, ningún control cerca de los pasos fronterizos cercanos a Misiones, según pudo comprobar un equipo de Economis que hizo todo el recorrido.
El laissez faire, laissez passer, contrasta con el filtro una vez que se cruza el límite del Chimiray: en Misiones hay cuatro controles fiscales en ruta y un constante movimiento de la Policía provincial por los caminos alternativos que eligen los conductores duchos en su afán de alcanzar el río Uruguay para vender la carga en Brasil y cerrar el rentable circuito de la evasión.
Misiones no planta soja y no recibe nada del millonario negocio exportador que germina por sí mismo la tentación de la evasión. Hoy se paga en el mercado internacional 640 dólares por tonelada de soja. Con retenciones del 33 por ciento le quedan al exportador 428,8 dólares, pagados al precio oficial estimado en 120 pesos. Le quedan 51.456 pesos por tonelada, a los que hay que descontar impuestos y costos operativos. La soja puesta en Brasil o Paraguay se cobra en cash. Los 640 dólares equivalen a 131.840 pesos. Cada camión lleva como mínimo 30 toneladas. Son 19.200 dólares sin retenciones ni impuestos. Son 3,9 millones de pesos. Hay que descontar transporte, choferes y costos operativos. Pero sigue siendo negocio.
En la Argentina elevan proyección de cosecha de soja a 43,3 millones de toneladas, sobre las 42 iniciales. Eso quiere decir que el negocio seguirá latente en la medida en que no desaparezcan el cepo ni se modifiquen las retenciones.
Paradójicamente, se habla de Misiones como la ruta de la soja negra, cuando en la práctica, es la única provincia que le pone algún límite a la irregularidad. Los camiones salen de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. Atraviesan sin control cientos de kilómetros antes de llegar a la tierra colorada. Ni la Administración Federal de Ingresos Públicos ni las fuerzas federales hacen nada para frenar la exportación ilegal ni el ingreso de dólares en negro. En cambio, para ejercer los controles, Misiones invierte miles de pesos, lo mismo que para el movimiento de las fuerzas policiales. Otro dato: las rutas misioneras son dañadas por cientos de camiones con cargas que no tributan en la provincia.
En Misiones, además de cobrarle un anticipo de impuestos, se iniciaron numerosas causas por inconsistencias detectadas entre el vendedor y el comprador y hasta se metió preso a un jefe de Gendarmería, denunciado por hacer la vista gorda al contrabando.
El mismo juez federal, Alejandro Marcos Gallandat, acaba de pedir al Consejo de la Magistratura que investigue al juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, por una posible complicidad -a través de funcionarios suyos- con el negocio de mirar para otro lado.
Gallandat hizo la presentación al Consejo de la Magistratura y en su escrito dio a conocer que sus sospechas surgen después que recibió transcripciones de escuchas telefónicas en la que un hombre investigado por su posible participación en maniobras de contrabando, aseguró que se habría pagado a funcionarios judiciales correntinos para que se liberen camiones cargados con soja, secuestrados en la Ruta Nacional 14, en Corrientes. En las escuchas, uno de los sospechosos, revela que se hizo amigo del juez y el fiscal y que debe pagarles 2000 dólares a cada uno.
Insólitamente, el Consejo de la Magistratura informó al juez correntino de la apertura de la investigación. Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda es un nombre conocido en los últimos meses. El juez designado durante el macrismo responde al ex gobernador Ricardo Colombi y acumula sospechas de irregularidades. Hace poco fue cuestionado por organismos de Derechos Humanos por negarse a que en la revisión de la salud de Adolfo Navajas Artaza, -denunciado por delitos de lesa humanidad, pero nunca llamado a declarar-, participen los peritos de la querella. Y es, por supuesto, el juez que frenó para las industrias correntinas y una misionera, la Resolución 170 del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
Curiosamente Fresneda fue nombrado en reemplazo del ex juez federal Carlos Soto Dávila. El martes 21 de junio se inicia en Corrientes el juicio a Carlos Soto Dávila, sus secretarios, cinco abogados y otros, acusados en una trama de supuestas coimas pagadas por narcos.
La inteligencia fiscal desplegada en Misiones permite determinar con sencillez los eslabones del negocio. El cruzamiento de datos sirve para advertir que el vendedor no tiene capacidad operativa ni el comprador tiene capacidad económica. Pools sojeros le venden a almacenes de ramos generales al costado de la ruta. No cierra por ningún lado. Sin embargo, la Afip parece no querer frenar ese negocio que es fácil de advertir analizando facturas y remitos.
Los amantes de los títulos pegadizos bautizaron al rígido sistema de control misionero como “aduana paralela”. Pero es el único filtro al contrabando y el financiamiento de operaciones en negro.
Para algunos es una “aduana paralela” que debe ser levantada y permitir la libre circulación de los camiones de carga como se hace en la vecina provincia gobernada por el referente nacional de la coalición Juntos por el Cambio.
Sin embargo desde la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) insisten en la necesidad de contar con estos controles para evitar la evasión fiscal y frenar el contrabando de mercaderías hacia Brasil y Paraguay.
Según datos de ATM y la Policía de Misiones en lo que va del año se han detenido cientos de camiones con cargas que no poseían la adecuada documentación fiscal. Como no hay delito sino irregularidades, se les cobra una multa de 900 mil pesos por carga.
Ahora el otro boom de contrabando es el de los vinos argentinos, una bebida apreciada por los brasileños, quienes con la actual diferencia cambiaría pueden darse el gusto de comprar los mejores varietales argentinos a un irrisorio precio.
El problema no es nuevo. En 2020 el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán explicó a Economis que este tipo de contrabando continuará existiendo mientras exista la dualidad cambiaría en Argentina. “Con una brecha del 80% entre el dólar informal y el oficial, la tentación del contrabando es lucrativa, exportando por fuera del sistema. Los camiones de soja que ingresan a Misiones intentando pasar a Brasil son una muestra de ello”, había explicado en ese momento, cuando la soja estaba a 200 dólares la tonelada, hoy con un valor de 640 dólares por tonelada y un dólar blue a 207 mientras el oficial está a 124 y los anuncios de más retenciones, la rentabilidad obtenida por los contrabandistas es mayor.
Diferentes informes intentan mostrar el “negocio del contrabando” de mercaderías como algo únicamente misionero. Siendo que los granos exportados ilegalmente no son producidos en la tierra colorada. Ingresan a la provincia tras pasar dos o tres distritos más, donde no se realizan controles adecuados.
El miércoles un equipo de Economis recorrió parte de la ruta que hacen esos camiones. Al mismo tiempo, en Misiones, la Policía y la Agencia Tributaria informaban la incautación de dos camiones que ingresaron de forma ilegal con soja y la Prefectura decomisó en El Soberbio cinco toneladas de soja que estaban siendo cruzadas por el río Uruguay.
El recorrido en Corrientes mostró que no había ningún control de cargas activo, desde Santo Tomé a Misiones por la Ruta nacional 14 o por alguna de las rutas provinciales 94 (que llega a Azara) y 71 (que llega a Apóstoles). Según datos recolectados por los cronistas sólo se realizan controles móviles abocados al control de camiones en algunos horarios, haciendo foco en la detección de contrabando de estupefacientes. Los controles son de rutina y solo se releva qué carga lleva y si cuenta con un aval legal para el transporte.
La Unidad de Información Financiera (UIF) indica que en 2021 en Misiones, a través de intervenciones de las fuerzas de seguridad nacionales, fueron incautadas 330 toneladas de soja. Representa un 0,3% de las 90 mil toneladas que “desaparecen”.
Es la Prefectura la que debe controlar los movimientos en el Río. Una notoria cuenta pendiente. Las rutas, mientras tanto, son responsabilidad de la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía Provincial de Misiones.
Sabina Frederic, cuando aún era Ministra de Seguridad de la Nación había respondido a Economis en una conferencia de prensa que transportar soja en sí no era un delito, sino que el delito de evasión se daba al cruzarlo de forma ilegal fuera del país. Por lo que las fuerzas de Seguridad encargadas de los controles en las rutas (Gendarmería y Policía Federal) solo solicitan que tenga algún remito que respalde la carga que lleva. Al no contar con la logística con la que sí cuenta la ATM en sus controles, no pueden detectar que los volúmenes de carga son altamente elevados para el comercio interno y anticipar la finalidad de la carga es el contrabando.
Fuente Economis
