El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) pidió a las autoridades nacionales y provinciales que las personas privadas de la libertad sean incorporadas a los esquemas de vacunación por grupos de riesgo y franjas etarias “en iguales condiciones que aquellas que están en contexto libre”.
De ese modo, plantearon a través de un informe, se podrá “garantizar el principio de igualdad y no discriminación”, resguardado por el artículo 16 de la Constitución.
En ese documento, que tiene el formato de una recomendación (la 2/21), el Comité recordó que el Plan Estratégico para la Vacunación fijó “un esquema de priorización por población objetivo” que, a partir de criterios epidemiológicos, determinaba qué grupos de riesgo (como trabajadores de la salud, docentes, fuerzas de seguridad) o franjas etarias (mayores de 70) serían vacunados en una primera etapa.
En ese esquema, siguió el CNPT, “se incluyó específicamente a las personas privadas de libertad” a raíz del riesgo adicional que implica el contexto de encierro y de sobrepoblación, usual en cárceles y comisarias.
Sin embargo, tras relevar establecimientos y en base a información oficial, el Comité comprobó que “se registraron escasos avances en la vacunación a personas privadas de su libertad en el ámbito penitenciario”, tanto a nivel nacional como de las provincias.
“Más aún -advirtieron-, en muchas jurisdicciones no inocularon a las personas privadas de su libertad que representan grupos de riesgo”, por los mayores de 70 años o con comorbilidades (diabetes, obesidad, hipertensión u otros cuadros clínicos) que están presos en establecimientos penitenciarios o policiales.
Tras este diagnóstico, el CNPT solicitó la adopción de “medidas efectivas e inmediatas para asegurar que dentro de los esquemas de vacunación de grupos de riesgo por razones de salud, etarias o de otra índole sean incluidas las personas privadas de su libertad en iguales condiciones que aquellas que están en contexto libre”.
El documento, fechado el 22 de abril y al que tuvo acceso Télam, está dirigido “a las autoridades nacionales y provinciales, en articulación con las autoridades con competencias en los establecimientos de detención”, en referencia a las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que dependen del Ministerio de Justicia, pero también a los penales que están bajo la órbita de las provincias.
El Comité de Prevención de la Tortura fue creado por la ley 26827 (Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes), sancionada en 2012, y una de sus funciones es garantizar los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con especial atención a “las condiciones en que se cumple la detención en los lugares de encierro”.
Otra de sus potestades es, de acuerdo a la normativa, “promover la aplicación de directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación”.
El CNPT está integrado por abogados, juristas, exlegisladores y profesionales especializados en la problemática penitenciaria: frente a la segunda ola de la pandemia, el organismo se propuso “anticiparse a los posibles efectos irreversibles que puede tener sobre la población privada de la libertad”.
“Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el Comité emitió diversas recomendaciones específicas ligadas a la prevención del COVID-19, el diseño y estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y la atención adecuada a las situaciones de contagio o casos sospechosos en los lugares de detención”, planteó la entidad.
El Comité, en ese sentido, solicitó que se adopten “medidas de compensación” para el mantenimiento de contactos y reclamó que se reduzca la sobrepoblación en cárceles y comisarías.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura está compuesto por un presidente, el exsenador nacional por Misiones Juan Manuel Irrazábal, once integrantes con el cargo de comisionados, entre ellos el Procurador Penitenciario de la Nación Francisco Mugnolo, más un secretario ejecutivo, que en la actualidad es el abogado Alad Iud.
Entre los comisionados se encuentran la exsenadora María Laura Leguizamón, la exdiputada nacional Diana Conti, el penalista Gustavo Palmieri, la abogada Rocío Alconada Alfonsín, la politóloga María Josefina Ignacio, el abogado Diego Lavado, el ingeniero agrónomo Alex Ziegler, el penalista Ricardo Nioi García y el abogado Miguel Armoa.
