El Gobierno impulsa una transformación profunda en las condiciones de trabajo tras la victoria electoral: qué propone el proyecto y cómo impacta en los derechos de los empleados.
Después de arrasar en las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno de Javier Milei se prepara para dar un paso clave: presentó en el Congreso un proyecto de reforma laboral que busca modificar de raíz la forma en que se negocian los salarios, las condiciones de trabajo y los derechos de los empleados en la Argentina.
El lunes, Milei defendió la iniciativa y aseguró: “Ganamos todos”. El Presidente remarcó que la reforma no elimina derechos adquiridos, sino que apunta a que “miles de trabajadores hoy precarizados puedan ingresar al circuito formal de la economía”. Según Milei, “los sindicatos saben que el sistema como está no funciona” y la reforma permitiría que “muchos informales pasen a la formalidad, lo que subirá la recaudación y permitirá duplicar los fondos para jubilaciones”.
Los puntos clave del proyecto de reforma laboral
La propuesta, impulsada por la diputada nacional Romina Diez y acompañada por legisladores de distintos bloques, lleva el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo. El texto plantea una transformación profunda de las condiciones laborales en el país.
Entre los cambios más importantes se destacan:
- Ampliación de la jornada laboral
- Flexibilización de convenios colectivos
- Indemnizaciones en cuotas
- Nuevas reglas para la movilidad y disciplina laboral
- Cambios en la negociación salarial
El proyecto propone modificar artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, redefinir el principio de irrenunciabilidad y ampliar las facultades del empleador para cambiar las formas y modalidades del trabajo. Además, actualiza el concepto de beneficios sociales no remunerativos.
Movilidad, disciplina y sanciones: qué podrá cambiar el empleador
El empleador podrá introducir cambios en la prestación del trabajo, siempre que no sean irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato. Si se vulneran estos límites, el trabajador podrá considerarse despedido sin causa.
El texto también establece plazos y mecanismos claros para impugnar sanciones disciplinarias: el trabajador tendrá 30 días corridos desde la notificación para cuestionar la medida.
Beneficios sociales: qué cambia y qué queda afuera del sueldo
El proyecto redefine los beneficios sociales y detalla una lista de prestaciones no remunerativas que van desde almuerzos y útiles escolares hasta el pago de servicios de telefonía móvil y acceso a internet para el trabajador y su familia. Estos beneficios no integrarán la remuneración, salvo excepciones expresamente previstas.
Sueldos y remuneraciones: cómo se podrán pagar
Se habilita el pago en efectivo, cheque o acreditación bancaria. Además, se permite la instrumentación electrónica de los recibos, que deberán contener información detallada del empleador, el trabajador, los conceptos liquidados y las deducciones practicadas.
Vacaciones: más flexibilidad y cambios en la época de otorgamiento
El proyecto flexibiliza la época de otorgamiento de las vacaciones y permite la fragmentación en períodos no menores a una semana. Se garantiza que cada trabajador pueda gozar de sus vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada dos años, salvo que opte en contrario.
Además, los trabajadores casados o en unión familiar que trabajen para el mismo empleador podrán pedir el goce conjunto de las vacaciones.
Licencias por enfermedad o accidente: plazos y controles
Se mantienen los plazos de tres o seis meses de remuneración si la antigüedad es menor a cinco años y seis meses si es mayor. Para quienes tengan carga de familia, el derecho a percibir remuneración se extiende a 6 o 12 meses, según la antigüedad.
El proyecto introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos, que podrá ser gestionado por la Secretaría de Trabajo, con la posibilidad de convocar peritos, repetir estudios y aplicar sanciones a los profesionales intervinientes.
En cuanto a la conservación del empleo después del vencimiento de los plazos por enfermedad, el empleador deberá mantener el puesto durante un año adicional. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin indemnización.
Indemnizaciones: cuotas para pymes y cambios en los pagos
La reforma permite que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan abonar el total de una indemnización en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.
Trabajo agrario: redefinición y nuevas exclusiones
El proyecto redefine el alcance del régimen legal y excluye a trabajadores de actividades industriales, comerciales, turísticas y de servicios, así como a quienes realicen tareas ajenas a la actividad agraria o estén encuadrados en el régimen de casas particulares.
Además, busca mantener la protección frente a empresas intermediarias y liberar de responsabilidad a los dueños de las tierras que solo las alquilan y no producen en ellas.
Incentivos al empleo: bonos fiscales para nuevas contrataciones
El proyecto promete la creación de un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales durante los primeros 18 meses posteriores a la vigencia de la ley.
El porcentaje se aplica durante 12 meses y varía según el tipo de empresa: las micro recibirán un 100%, las pequeñas 75%, las medianas 50% y el resto, 25%. El beneficio se otorgará solo si la contratación implica un incremento neto en la nómina y el trabajador no tuvo relación laboral en los tres meses previos, salvo excepciones para programas de inserción laboral.
Salarios dinámicos: cómo se actualizarán los sueldos según la reforma
Uno de los cambios más polémicos es la propuesta de eliminar las actualizaciones salariales iguales para todos. Los incrementos podrán darse por productividad, resultados sectoriales y la situación particular de cada empresa.
La reforma introduce la posibilidad de negociar salarios por empresa o por región, en vez de hacerlo únicamente por rama o actividad. Así, cada unidad productiva podrá definir sus propios mecanismos de actualización salarial, sin que los acuerdos se trasladen automáticamente a otras compañías del sector.
Además, los valores fijados en los convenios dejarán de ser “pisos” y pasarán a funcionar como “techos” de referencia. De este modo, los sindicatos perderían la prerrogativa de fijar un mínimo uniforme y cada empresa podría pactar montos diferentes según su situación o desempeño, siempre que no superen los valores de los convenios colectivos.
“Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo”, remarcaron desde el oficialismo.
Fuente TN