El Ministerio de Trabajo de la Nación prorrogó por dos años, a partir del 1° de septiembre, la vigencia del decreto 514/2021 que permite la compatibilidad de los planes sociales con el empleo rural temporario en todas sus actividades. La medida estaba vigente por dos años y su vigencia vencía el 31 de agosto.

La prórroga se realizó mediante el decreto N° 423/23 del 18 de agosto, publicado este viernes 25 en el Boletín Oficial de la Nación.

Se establece que el Ministerio, a través del Consejo Federal del Trabajo (CFT), lleve adelante “en conjunto con las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios, acciones territoriales de difusión, asesoramiento y capacitación en materia de registración laboral y de la seguridad social dirigidas a los trabajadores y las trabajadoras rurales, a las asociaciones sindicales y a las asociaciones de productores”.

El mencionado decreto estableció la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado, y se permitió que las personas titulares del Programa Potenciar y la Tarjeta Alimentar puedan ser contratadas “en blanco” sin perder los beneficios y prestaciones que otorgan esos programas.

Persisten los problemas

Los productores yerbateros de Misiones advierten reiteradamente que los peones rurales siguen “con rechazo” a blanquearse por temor a perder los beneficios del Potenciar y la Tarjeta Alimentar. Es que ocurrieron algunos episodios donde los “contratados” dejaron de percibir los pagos y los comentarios se viralizaron por las chacras.

A raíz de esto, los productores piden que cesen los controles y las sanciones a aquellos que tienen tareferos trabajando “en negro” en la cosecha de yerba porque “ellos no quieren blanquearse”. Este año hubo casi cien actas de infracción en Misiones.

El Gobierno sostiene que el temor de los peones a blanquearse no puede ser justificativo de tenerlos trabajando por fuera de las leyes.

Desde el gremio de peones rurales, UATRE, solicitaron que este programa se convierta en ley para que sea “una política de Estado” permanente y no quede librada a cambios o eliminaciones por decreto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Primera Ediciom